La sostenibilidad se consolida como un elemento cada vez más relevante en la estrategia empresarial. El Real Decreto 214/2025 representa un paso significativo en la gestión de la huella de carbono en España, al establecer nuevas obligaciones para empresas, administraciones y eventos, al tiempo que ofrece oportunidades para quienes apuestan por la transparencia y la innovación en la transición hacia una economía baja en carbono.
Desde la creación del registro voluntario en 2014 hasta la actual obligatoriedad, el recorrido evidencia cómo la acción climática ha ido ganando peso en la competitividad empresarial y en las políticas públicas. En este artículo abordamos la actual normativa y las distintas opciones para poder aplicarla.
España ha sido pionera en la regulación de la huella de carbono. En 2014, el Real Decreto 163/2014 creó el Registro voluntario de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO₂, una herramienta que permitió a las organizaciones calcular y comunicar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de forma voluntaria. Este registro se convirtió en un referente europeo, impulsando la transparencia y la acción climática en el tejido empresarial.
Posteriormente, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética introdujo la obligación de avanzar hacia un marco normativo más exigente, anticipando que el cálculo y la publicación de la huella de carbono serían requisitos para determinados actores económicos y administrativos. Esta ley también sentó las bases para la integración de la sostenibilidad en la estrategia corporativa y en la contratación pública.
El Real Decreto 214/2025 materializa esa previsión y establece un sistema obligatorio para:
Entre sus principales novedades destacan:
Además, el Real Decreto se complementa con la Directiva CSRD, que refuerza el reporting corporativo obligatorio en materia de sostenibilidad, y con normativas autonómicas que ya venían imponiendo requisitos específicos (Cataluña, Baleares, Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco). Este marco normativo busca armonizar criterios y garantizar que la información sobre emisiones sea comparable, verificable y accesible.
Ventajas competitivas:
Retos principales:
Metodologías aceptadas
El RD 214/2025 permite flexibilidad metodológica, siempre que se garantice trazabilidad y transparencia:
Elección estratégica: depende del objetivo (cumplimiento normativo, reporting corporativo, licitaciones o mejora interna) y del grado de madurez de la organización.
El cálculo de la huella de carbono no es solo una operación matemática, sino un proceso estructurado que garantiza trazabilidad y coherencia. Se compone de cuatro etapas clave:
El Real Decreto exige que el plan cumpla con criterios mínimos:
En Applus+ Certification disponemos de una solución digital para el cálculo de huella de carbono que incluimos en el servicio de verificación de huella para nuestros clientes. Permite:
El RD 214/2025 no es solo una obligación legal: es una oportunidad para posicionarse como líder en sostenibilidad. Las organizaciones que actúen ahora estarán mejor preparadas para:
Those who act now will be better prepared to:
Recomendación: iniciar cuanto antes el cálculo, integrar el alcance 3 progresivamente, formar equipos internos y apoyarse en herramientas digitales y asesoramiento especializado.
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